Control Gubernamental | 27 de octubre de 2026
La Asamblea Nacional aprobó un informe que clasifica 95 expedientes de autoridades seccionales en niveles de riesgo patrimonial prioritario y recomienda su revisión por los organismos competentes.
La investigación plantea una cuestión jurídica: ¿hasta dónde llega la fiscalización parlamentaria y quién debe establecer si existe un incremento patrimonial injustificado?
El criterio de DefensaGlosa
Imagine que usted es alcalde o prefecto.
La Asamblea revisa información sobre su patrimonio y lo incluye en una categoría de riesgo. Sin embargo, todavía no existe un examen especial que determine la existencia de inconsistencias no justificadas.
¿Puede esa alerta convertirse en una declaración de responsabilidad?
La respuesta es no.
El artículo 231 de la Constitución y el artículo 15 de la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas atribuyen a la Contraloría el examen y confrontación patrimonial, mediante los procedimientos correspondientes.
La fiscalización de la Asamblea es legítima dentro de sus competencias. Lo cuestionable sería utilizar sus conclusiones como sustituto de una actuación técnica de control.
También corresponde preguntar qué verificaciones había realizado previamente la Contraloría y qué seguimiento se dio a las alertas institucionales.
Combatir la corrupción exige controles efectivos, pero también respeto a las competencias, la prueba y el debido proceso.
La transparencia no se fortalece reemplazando procedimientos legales, sino garantizando que cada institución cumpla sus funciones con oportunidad, independencia y rigor técnico.
Fuente: Asamblea Nacional, 27 de octubre de 2026.
