Ejecutó la obra, entregó los bienes o prestó el servicio. Si la entidad no paga, existen vías administrativas y judiciales para exigir lo que legítimamente le corresponde.
Defendemos a contratistas frente a pagos pendientes, planillas, reajustes, liquidaciones, multas, terminaciones contractuales y controversias con entidades públicas.
En contratación pública, una mala decisión o falta de respaldo puede convertirse en una pérdida económica o en una observación de la Contraloría.
Asesoramos al contratista antes de firmar, durante la ejecución y frente a controversias, dentro del marco del SERCOP. Si el problema ya existe, estructuramos la estrategia para defender sus derechos, enfrentar observaciones de la Contraloría y recuperar valores pendientes.
Antes de contratar con el Estado, es fundamental conocer qué se firma y qué riesgos se asumen. En DefensaGlosa analizamos pliegos, condiciones, obligaciones, garantías y aspectos críticos del procedimiento dentro del marco de la LOSNCP y del SERCOP, para identificar riesgos antes de comprometer recursos y ayudarle a tomar una decisión informada, con una posición contractual mejor protegida desde el inicio.
Un contrato bien firmado también puede complicarse durante su ejecución. En DefensaGlosa acompañamos al contratista frente a órdenes, modificaciones, prórrogas, planillas, entregas, comunicaciones y decisiones de la entidad. Cuidamos que sus actuaciones queden correctamente documentadas y respaldadas dentro del régimen de contratación pública, porque lo que se hace y se prueba durante la ejecución puede ser decisivo ante el SERCOP o la Contraloría.
Una auditoría puede revisar años después decisiones adoptadas durante la ejecución contractual. En DefensaGlosa analizamos hallazgos, documentos, obligaciones contractuales, evidencia y actuaciones atribuidas al contratista. Con experiencia en auditoría gubernamental y derecho administrativo, estructuramos la defensa técnica desde la comunicación de resultados y frente a posibles responsabilidades determinadas por la Contraloría General del Estado.
Una multa o una terminación unilateral puede afectar el contrato, las garantías y el patrimonio del contratista. En DefensaGlosa analizamos el procedimiento, las obligaciones contractuales, la motivación de la entidad y la evidencia disponible para determinar si la decisión tiene sustento. Estructuramos la estrategia administrativa y jurídica para cuestionar actuaciones que vulneren sus derechos dentro del régimen de contratación pública.
Ejecutar correctamente un contrato también implica recibir los valores que legítimamente corresponden. En DefensaGlosa analizamos planillas, reajustes, liquidaciones, actas, pagos pendientes y demás documentación contractual para identificar qué puede reclamarse y por qué vía. Estructuramos la estrategia para exigir a la entidad el reconocimiento y pago de valores adeudados, protegiendo la inversión y la liquidez del contratista.
Cuando el conflicto no puede resolverse durante la ejecución contractual, es necesario cambiar de estrategia. En DefensaGlosa analizamos el expediente, organizamos la prueba y estructuramos la defensa frente a actos, sanciones, controversias y responsabilidades derivadas de la contratación pública. Actuamos en vía administrativa y judicial, incluida la defensa frente a actuaciones de la Contraloría, para proteger los derechos y el patrimonio del contratista.
Más de dos décadas en el sector público. Auditor, abogado litigante y capacitador… pero en orden inverso.
Conoce desde dentro cómo se gestionan los contratos, cómo se documentan las decisiones y cómo una actuación puede terminar bajo revisión de la Contraloría.
Porque un contrato no se protege cuando aparece el problema... se protege desde la primera decisión.
DefensaGlosa es una firma especializada en contratación pública, auditoría gubernamental y derecho administrativo. Asesoramos a contratistas del Estado antes de firmar, durante la ejecución contractual y cuando surge una controversia, protegiendo sus derechos, su inversión y su patrimonio.
Acompañamos contratos con entidades públicas en todo el Ecuador. Al frente, Jason Tamayo ha sido asesor, director y coordinador en entidades del Estado; hoy aplica esa experiencia para prevenir riesgos, enfrentar decisiones administrativas y estructurar defensas técnicas cuando el conflicto es inevitable.
Integramos contratación pública, auditoría gubernamental y defensa jurídica. Esto nos permite analizar el contrato no solo desde lo legal, sino desde su ejecución, evidencia y posibles consecuencias ante la entidad, el SERCOP o la Contraloría.
Porque contratar con el Estado exige conocer reglas, riesgos y responsabilidades desde el inicio. En DefensaGlosa combinamos contratación pública, auditoría gubernamental y experiencia real en el sector público para anticipar problemas y proteger su posición contractual.
Porque un contrato no se defiende solo cuando aparece el conflicto. Acompañamos cada etapa, cuidando decisiones, comunicaciones, plazos, planillas y evidencia para que sus actuaciones tengan sustento frente a la entidad, el SERCOP y una eventual revisión de la Contraloría.
Porque cumplir también significa poder cobrar y defenderse cuando una decisión le afecta. En DefensaGlosa estructuramos reclamos, defensas administrativas y acciones judiciales para cuestionar multas, terminaciones, observaciones de la Contraloría y recuperar los valores que legítimamente le corresponden.
"Antes de firmar revisamos las condiciones del contrato, garantías y obligaciones que podían generar riesgos durante la ejecución. La asesoría nos permitió identificar puntos críticos y tomar decisiones con mayor seguridad antes de comprometernos con la entidad."
"Durante la ejecución comenzaron diferencias por plazos, órdenes y trabajos adicionales. El acompañamiento permitió documentar correctamente cada actuación y construir el respaldo necesario para defender nuestra posición frente a la entidad."
"Una auditoría de la Contraloría formuló observaciones relacionadas con el contrato. Se revisaron los hallazgos, la documentación y nuestras obligaciones reales. La defensa técnica permitió estructurar los descargos con evidencia y responder de manera sustentada."
"La entidad nos notificó una multa que considerábamos injustificada. Se analizó el contrato, los antecedentes y la motivación de la decisión para estructurar nuestra defensa. Lo más importante fue enfrentar el problema con argumentos técnicos y documentación."
"Habíamos cumplido nuestras obligaciones, pero manteníamos valores pendientes de pago. Se revisaron planillas, actas, comunicaciones y liquidaciones para determinar qué correspondía reclamar y estructurar la estrategia para recuperar los valores adeudados."
"El conflicto con la entidad llegó a una instancia en la que ya no bastaban comunicaciones administrativas. Se organizó el expediente, la prueba y la estrategia jurídica para continuar la defensa por las vías correspondientes, con una visión integral del contrato."
Información clave para proteger su contrato, su inversión y su derecho a cobrar.
Antes de deertar debe revisar pliegos, especificaciones, obligaciones, garantías, forma de pago, multas, plazos y riesgos de ejecución. El artículo 82 de la LOSNCP exige cláusulas obligatorias sobre administración, garantías, anticipo y multas. Una condición mal entendida antes de firmar puede convertirse después en incumplimiento, sanción o pérdida económica. En contratación pública, la prevención empieza antes de presentar la deerta.
El administrador representa a la entidad durante la ejecución y gestiona comunicaciones, peticiones y decisiones relacionadas con el contrato. El artículo 363 del Reglamento General a la LOSNCP dispone que las comunicaciones con el contratista se canalicen a través de él y que sus peticiones sean gestionadas, por regla general, en un término máximo de diez días. Lo que se comunica y documenta con el administrador puede ser decisivo después.
No debe tratarse como dinero de libre disposición. El artículo 86 de la LOSNCP regula la garantía y control del anticipo, mientras el artículo 353 del Reglamento vincula su amortización y devengo directamente con la ejecución contractual. El contratista debe poder demostrar que esos recursos fueron aplicados al objeto contratado. Un anticipo mal administrado puede generar problemas contractuales y posteriores observaciones de control.
No basta con afirmar que existió incumplimiento. El artículo 82 numeral 4 de la LOSNCP exige proporcionalidad y debido proceso. Además, el artículo 376 del Reglamento obliga al administrador a motivar el incumplimiento, comunicarlo al contratista y concederle cinco días para ejercer su defensa. Una multa impuesta sin procedimiento, motivación o notificación oportuna puede ser impugnada.
El acta definitiva no es una simple formalidad: documenta el cierre de la ejecución y constituye una pieza central para liquidar obligaciones. En obras, el artículo 365 del Reglamento General a la LOSNCP regula la recepción provisional y definitiva, estableciendo que esta última procede después de transcurridos al menos seis meses desde la recepción provisional. El contenido del acta puede ser determinante frente a pagos, controversias y futuras revisiones.
Sí. La recepción del contrato no impide que posteriormente se examine cómo fue ejecutado, pagado y documentado. La fase contractual comprende planillas, entregas, recepciones, liquidación, multas y demás actuaciones vinculadas con la ejecución. Por eso, un acta definitiva no reemplaza la necesidad de mantener evidencia técnica, financiera y contractual suficiente para responder ante una eventual auditoría de la Contraloría.
La terminación unilateral exige una causal legal, procedimiento y motivación. No puede convertirse en una salida discrecional frente a cualquier diferencia con el contratista. La LOSNCP y su Reglamento regulan las causas y efectos de esta decisión, incluida la liquidación contractual y las consecuencias sobre garantías y valores pendientes. Frente a una terminación, revisar oportunamente el expediente y la motivación puede cambiar completamente la estrategia de defensa.
Debe revisar primero planillas, actas, liquidación, comunicaciones y requisitos contractuales de pago. La LOSNCP exige que todo contrato incluya una cláusula sobre trámite y tiempos de pago, y obliga a la entidad a pronunciarse por escrito sobre las peticiones del contratista. Cuando existen valores debidamente sustentados, pueden estructurarse reclamaciones administrativas y, si corresponde, acciones judiciales para exigir su reconocimiento y pago.
En contratación pública, cada cláusula, orden, planilla, acta y comunicación puede tener consecuencias. Si su contrato no está bien gestionado y documentado, el problema puede terminar en multas, terminación, valores impagos o futuras observaciones de la Contraloría.
En DefensaGlosa conocemos la contratación pública, la auditoría gubernamental y la defensa administrativa y judicial. Le ayudamos a prevenir riesgos, defender su contrato y reclamar los valores que legítimamente le corresponden. Actúe antes de que el problema avance.
Atención directa para analizar su contrato, proteger sus derechos y definir la estrategia adecuada.
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