Contratación Pública y Control Gubernamental | 27 de octubre de 2026
La Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional aprobó un informe sobre presuntas irregularidades en 16 contratos de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP), por USD 11,65 millones.
Entre sus recomendaciones consta solicitar a la Contraloría General del Estado que evalúe la realización de un examen especial.
El criterio de DefensaGlosa
Imagine esta situación.
Usted administra contratos en una empresa pública. Una comisión legislativa cuestiona las contrataciones y recomienda que intervenga la Contraloría.
Días después, conoce que los contratos podrían ser examinados. Surge una inquietud: ¿la auditoría se realizará para verificar técnicamente las operaciones o para confirmar los cuestionamientos formulados en el debate político?
La diferencia es fundamental.
El artículo 120 numeral 9 de la Constitución reconoce las facultades de fiscalización de la Asamblea. Sin embargo, los artículos 211 y 212 atribuyen a la Contraloría el control técnico de los recursos públicos y la determinación de responsabilidades dentro de sus competencias.
Además, los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado exigen planificación y garantizan la independencia del personal auditor.
La Asamblea puede solicitar una investigación, pero no imponer sus conclusiones a los auditores.
DefensaGlosa considera legítimo investigar posibles vulneraciones de derechos laborales y el uso de recursos públicos. Lo cuestionable sería convertir una recomendación política en una conclusión anticipada de responsabilidad.
¿Cómo Debe Actuar Un Servidor Público?
Conservar los expedientes, sustentar las decisiones adoptadas y documentar el cumplimiento de sus obligaciones. Si existe una auditoría, las actuaciones deberán examinarse individualmente, con evidencia suficiente y respeto al debido proceso.
La Contraloría no está para confirmar acusaciones políticas, sino para establecer hechos mediante procedimientos técnicos y jurídicos independientes.
Fuente oficial: Asamblea Nacional, 27 de octubre de 2026.
